La entrada en escena de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal, abrió una nueva alerta institucional en el sector salud: el doctor Luis Restituyo, tesorero del Colegio Dominicano de Cirujanos, advirtió que la redacción actual puede colocar a los especialistas quirúrgicos bajo un clima de incertidumbre jurídica, con impacto directo sobre el ejercicio médico y sobre los pacientes. Restituyo sostuvo que la norma amplía la figura del homicidio involuntario y endurece las sanciones ligadas a la negligencia, pero sin trazar una diferencia clara entre una conducta dolosa y una complicación propia de la práctica médica.
En ese contraste entre discurso legal y realidad clínica, el cirujano alertó que un desenlace fatal en un procedimiento podría terminar bajo investigación penal sin que se ponderen de entrada las circunstancias reales del caso. “Una cosa es una negligencia deliberada o una actuación irresponsable, y otra muy distinta es una complicación médica que ocurre pese a que el profesional actuó correctamente y siguiendo los estándares establecidos”, afirmó el especialista. Según explicó, la cirugía trabaja con pacientes en estado crítico, emergencias y procedimientos de alto riesgo, donde pueden presentarse resultados adversos incluso con apego estricto a los protocolos médicos y científicos. La advertencia también apunta al costo social de una legislación mal delimitada. Restituyo consideró que este escenario puede empujar a la medicina defensiva y desmotivar a nuevos profesionales a especializarse, en momentos en que el país necesita más certezas regulatorias y menos zonas grises en servicios sensibles.
La discusión deja así otro foco de fiscalización sobre la calidad de las decisiones públicas: cuando una norma no distingue con precisión entre error, complicación clínica y conducta criminal, la carga termina cayendo sobre el sistema de salud y sobre la ciudadanía que depende de él.