SANTO DOMINGO. Un estudio de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) volvió a encender las alertas sobre un problema que impacta la economía real y que deja ver la distancia entre las promesas de impulso al emprendimiento y los resultados concretos: el 65 % de las mipymes lideradas por jóvenes en República Dominicana opera en la informalidad.
La investigación, titulada “Emprendiendo en la informalidad: una restricción estructural al desarrollo de las mipymes jóvenes en República Dominicana”, se elaboró a partir de datos del Banco Central y del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). El documento apunta que, aunque el 32.7 % de las mipymes del país está dirigido por personas de entre 18 y 39 años, la mayoría continúa fuera de los marcos formales, enfrentando trabas que frenan la productividad, el acceso al financiamiento y la capacidad de expansión.
El efecto económico descrito por ANJE también pone en evidencia el costo social de esa desconexión institucional. Mientras una mipyme joven formal reporta ingresos anuales superiores a los RD$5 millones, una informal apenas llega a RD$836 mil, una diferencia que muestra cómo la ausencia de condiciones efectivas para formalizarse termina castigando a quienes intentan emprender. El estudio añade que las mipymes informales se concentran sobre todo en servicios, comercio y alimentación, sectores de menor productividad, mientras las formalizadas tienen mayor presencia en actividades industriales y financieras.
Frente a ese escenario, el presidente de ANJE, Boris De León Reyes, afirmó que hace falta replantear la estrategia frente a la informalidad. La investigación plantea una certificación especial e incentivos para facilitar el paso a la formalidad y mejorar la competitividad, en una señal de que la sociedad civil sigue impulsando soluciones allí donde las políticas públicas no han conseguido cerrar la brecha.
La advertencia de ANJE deja además una exigencia de fiscalización sobre la respuesta institucional: si la informalidad juvenil sigue siendo una restricción estructural, el problema ya no puede verse solo como un diagnóstico técnico, sino como una deuda de gestión con miles de jóvenes que emprenden en condiciones precarias y con menos oportunidades reales de crecer.