Los procesos por corrupción administrativa que han llegado a la justicia en los últimos cinco años vuelven a enfrentar el riesgo de reproducir el mismo patrón de expedientes que se extienden por años sin una resolución definitiva. Los casos de los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano, con casi una década en los tribunales, y de la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, con casi ocho años en la justicia, siguen como ejemplo de una lentitud judicial que debilita la respuesta institucional ante hechos que en su momento generaron gran indignación pública.
Aunque en ambos expedientes los tribunales que conocieron el juicio de fondo declararon la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido, esas decisiones luego fueron anuladas por la corte de apelación e incluso por la Suprema Corte de Justicia. Aun así, el resultado visible continúa siendo el mismo: casos de alto impacto que permanecen abiertos durante años, con pocos avances apreciables y con un debate público desinflado por las dilaciones.
En el proceso Super Tucano figuran como acusados el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández y las empresas 4D Business Group y Magycor, por los sobornos de 3.5 millones de dólares atribuidos a Embraer. En el expediente de Los Tres Brazos aparecen como principales imputados Leoncio Almánzar, Rosabel Castillo Rolffot, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, además de Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz Crespo. La prolongación de estos casos vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre la gravedad de las acusaciones y la ausencia de resultados concluyentes en la justicia.