Brasil y Chile fueron los primeros en reaccionar a los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos contra decenas de economías bajo el argumento de que no combaten suficientemente el trabajo forzoso, en un episodio que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de los gobiernos para responder con herramientas institucionales a decisiones que pueden traducirse en mayor presión económica. Ambos países rechazaron la medida y la interpretaron como una nueva fase de la política proteccionista impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Brasilia anunció que recurrirá a los mecanismos de defensa comercial previstos en su legislación y que acudirá a la Organización Mundial del Comercio, mientras Santiago informó que negociará con Washington para quedar excluido de la lista de afectados. El Gobierno brasileño calificó la decisión de «arbitraria e injustificada» y sostuvo que la referencia al trabajo forzoso fue usada como argumento comercial sin base jurídica suficiente. También afirmó que Washington «manipuló un tema tan importante» para justificar nuevos impuestos a las importaciones.
En esa línea, Brasil recordó que cuenta con una política laboral reconocida por organismos internacionales, que ha ratificado 66 convenios vigentes de la OIT y que ha suscrito instrumentos contra el trabajo forzoso, incluidos los convenios 29 y 105 y el protocolo de 2014, en un contraste entre la justificación política de la medida y la evidencia que dice haber presentado durante la investigación estadounidense.