La muerte de Paola Lara, de 29 años, en el interior de un motel de Baní volvió a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres. Su cadáver fue levantado junto al de su expareja, Alexander Ciprián Gross, encontrado en estado agónico en la misma habitación la tarde de este lunes y luego trasladado inconsciente a un centro clínico de la ciudad.
El diagnóstico preliminar del levantamiento forense sugiere que ambos habrían ingerido una sustancia tóxica aún no identificada. Hasta el momento, las autoridades manejan la sospecha de un posible feminicidio seguido de un intento de suicidio por parte de Ciprián Gross. Familiares de Lara sostienen que él la acosaba de manera constante para que regresara con él, mientras vecinos relatan presiones insistentes e incluso amenazas vinculadas a los hijos de la pareja.
De confirmarse esa línea, el caso de Paola sería el primer feminicidio de junio y la estadística número 9 de los últimos 30 días, además del 33 en los últimos cinco meses en el país, según recoge la prensa nacional de informes oficiales. La joven residía en Las Carreras y había procreado tres hijos con Ciprián. También circulan versiones de allegados a la familia de Gross sobre una supuesta nota dirigida a su padre, en la que habría anticipado sus intenciones. Mientras la investigación sigue abierta, el caso vuelve a exponer el costo social de una violencia que continúa dejando víctimas y explicaciones pendientes.