Con más de 1,000 firmas ciudadanas, el Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) depositó este lunes en la sede de Gobierno un documento dirigido al presidente Luis Abinader para pedir la “derogación inmediata” de las políticas migratorias aplicadas en los hospitales públicos de República Dominicana.
La medida oficial, vigente desde abril de 2025, ordena que inspectores y agentes migratorios asignados a los hospitales comprueben si los pacientes cuentan con identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en República Dominicana y capacidad para cubrir el costo de los servicios recibidos. Quienes no cumplan con esos requisitos serán atendidos médicamente y, después de recuperarse, deportados.
Para el Colectivo, la presencia de agentes migratorios en los centros hospitalarios restringe el derecho a la salud y afecta de forma particular a “mujeres embarazadas, niñas, niños, personas migrantes haitianas”, así como a “personas dominicanas de ascendencia haitiana, negras o sin documentos”, expuestas a un posible perfilamiento racial. “Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública”, afirmó la organización, al insistir en que los hospitales deben seguir siendo espacios seguros donde prevalezca la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, sin importar la condición migratoria.