La querella depositada ante la Procuraduría General de la República contra el director de la Policía Nacional por presuntas ejecuciones extrajudiciales recibió ahora el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un nuevo flanco de escrutinio sobre la actuación de la institución del orden. Su presidente, Manuel María Mercedes Medina, explicó que la entidad procura convertirse en interviniente voluntario en el proceso promovido por juristas y especialistas en materia penal encabezados por Valcárcel y Cándido Simón.
Mercedes Medina añadió que la organización, junto al Comité de Víctimas de las Ejecuciones Policiales, sigue documentando expedientes con atención especial a los hechos ocurridos durante la actual administración al frente de la Policía. De acuerdo con su denuncia, más de 100 jóvenes han sido ejecutados por agentes policiales, y afirmó que hay indicios que, a su entender, comprometerían la responsabilidad penal del titular de la institución por posibles violaciones a la Constitución y al Código Penal.
Con esta decisión, la denuncia deja de aparecer como un señalamiento aislado y pasa a ser una advertencia institucional sobre la gestión y los resultados en materia de seguridad, en contraste con cualquier discurso oficial de control. La Comisión reiteró su respaldo a la acción judicial y anunció que seguirá reuniendo documentación, mientras aumenta la presión para que el caso se aclare con transparencia y bajo vigilancia de la sociedad civil.