Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2026 con un dato de fondo innegable: el país dejó atrás los niveles extremos de violencia de comienzos de los años 2000 y recuperó control territorial en muchas regiones tras el impulso del Plan Colombia y otros esfuerzos institucionales. No obstante, ese avance histórico no ha cerrado la discusión sobre seguridad, que vuelve a ocupar el centro de la política nacional.
El propio balance que reconoce la reducción de la violencia también abre una alerta sobre el presente. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha intensificado el debate, en medio de cuestionamientos de quienes sostienen que algunos grupos ilegales han aprovechado el proceso para expandir control territorial y fortalecer economías ilícitas. El contraste entre los logros acumulados en años anteriores y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para contener nuevas amenazas ha reactivado la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas.
El escenario descrito muestra que el éxito de una estrategia pasada no garantiza respuestas eficaces para los desafíos actuales. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no gira solo en torno a acuerdos o enfoques, sino a si la gestión vigente está ofreciendo resultados suficientes frente al crimen organizado y al control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.