La conectividad ha vuelto al centro de la disputa política en América Latina, aunque la experiencia acumulada durante las dos últimas décadas obliga a ir más allá del relato. Roberto García Alonso y Ulf Thoene sostienen en Latinoamérica21 que la región ya dispone de políticas, inversiones y aprendizajes suficientes para diferenciar entre anuncios, capacidad de ejecución y resultados medibles, una comparación que somete a examen cada nueva oferta electoral sobre internet satelital, escuelas conectadas, fibra e infraestructura 5G.
La evidencia comparada en 33 países de América Latina y el Caribe confirma que las brechas en banda ancha siguen muy vinculadas al desarrollo socioeconómico. El estudio destaca que infraestructura, asequibilidad, capacidades y continuidad institucional operan de forma conjunta, reforzando una advertencia de gestión: ampliar el acceso sin cerrar diferencias territoriales, sin hacer asumible el costo para los hogares o sin transformar la conexión en capacidades reales deja intacta una parte del problema.
El análisis también pone en cuestión las lecturas simplificadas y los rankings que se apoyan en un solo indicador. Un país puede mostrar velocidades altas en las grandes ciudades y conservar retrasos rurales; otro puede ampliar la cobertura móvil sin resolver la asequibilidad; y un tercero puede conectar escuelas sin integrar la tecnología en la pedagogía. En ese escenario, la nueva etapa electoral no solo abre espacio para promesas, sino para exigir fiscalización y rendición de cuentas sobre qué políticas producen avances verificables y cuáles siguen dejando a la ciudadanía frente a una brecha digital con costos sociales y productivos.