La creación urgente de los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) en las diez regiones de planificación previstas por la Ley 345-22 vuelve a colocar bajo la lupa la gestión territorial del gobierno dominicano. El punto de partida es un dato institucional difícil de soslayar: ordenar un país dividido en 158 municipios y 235 distritos municipales, con casi 400 gobiernos locales y más de 360 instituciones del Poder Ejecutivo que actúan con frecuencia sin coordinación, evidencia una estructura dispersa que todavía no ofrece una respuesta coherente.
El propio diagnóstico expone el contraste entre el discurso y la realidad. Aunque se habla de ordenamiento territorial, cada organismo trabaja con mandatos, mapas, prioridades y divisiones regionales distintas, lo que impide una política consistente. Incluso frente a la nueva inversión prevista con apoyo del Banco Mundial, el texto insiste en que debe evitarse repetir esquemas inconexos y privilegiar una lógica que vaya de lo general a lo particular, en lugar de multiplicar esfuerzos sin una dirección común.
La advertencia institucional se robustece con el balance de experiencias fallidas mencionadas en el artículo: proyectos internacionales de los que “no queda nada”, entre ellos 20 planes municipales estratégicos en el sur y más de 25 planes estratégicos dispersos en el Cibao, creados en un supuesto “Planifica”. En ese marco, la propuesta de articular Estado, gobiernos locales, sector empresarial, universidades y sociedad civil en plataformas permanentes de concertación aparece menos como una opción técnica que como una exigencia de fiscalización, coordinación y rendición de cuentas frente a un modelo que ha acumulado planes, pero no resultados duraderos.