La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el embargo conservatorio, el embargo retentivo y la hipoteca judicial provisional por RD$500 millones contra los bienes de Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set. Con esa decisión, el tribunal dejó vigentes las medidas cautelares patrimoniales en un proceso marcado por una tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
El recurso de apelación había sido presentado por los imputados y sus representantes legales, con la intención de anular las medidas impuestas sobre sus bienes, pero la corte lo rechazó. La resolución fue adoptada en cámara de consejo por la Primera Sala Penal, presidida por la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz e integrada además por Daisy Indhira Montás Pimentel.
También participó en la deliberación el magistrado Rafael Báez García, aunque no pudo firmar la decisión porque estaba de vacaciones al momento de la suscripción. El expediente vuelve a situar en primer plano la demanda de fiscalización y seguimiento institucional sobre una tragedia de alto costo social, mientras persiste la exigencia de rendición de cuentas alrededor de los señalados en el proceso.
