WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este martes las restricciones a la deportación de inmigrantes en situación irregular a terceros países, en una decisión que devuelve margen a la estrategia de expulsiones aceleradas promovida por el gobierno de Donald Trump desde enero de 2025. El tribunal, que examinará el fondo del caso en diciembre, dejó sin efecto una exigencia previa: notificar a las personas en proceso de deportación cuál sería su país de destino para que pudieran alegar una eventual persecución.
El procurador general ante la Corte Suprema, John Sauer, defendió esas deportaciones exprés como «una herramienta esencial para expulsar a determinados extranjeros», incluidos delincuentes peligrosos, y alegó que el fallo del tribunal inferior había creado «importantes problemas logísticos». Pero la decisión vuelve a colocar en primer plano el contraste entre la justificación oficial y las consecuencias documentadas fuera del foco político: una investigación de la AFP reveló que Estados Unidos ha ofrecido acuerdos multimillonarios a terceros países, especialmente en África, para recibir deportados, e incluso ha amenazado con restricciones de visado. Ese esquema ha dejado a personas expulsadas fuera de la jurisdicción estadounidense expuestas a abusos de guardias locales, detenciones indefinidas o expulsiones rápidas a sus países de origen. Según una investigación publicada la semana pasada, Estados Unidos ha deportado a más de 25.000 personas bajo acuerdos confidenciales con 35 países para recibir migrantes sin vínculos con esas naciones. La pesquisa de Forbidden Stories concluyó que el gobierno ha destinado 410 millones de dólares para pagar a países receptores o a agencias de Naciones Unidas con el fin de facilitar los retornos. La mayoría, alrededor de 20.000, fue enviada a México; el resto, a otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico, mientras se han cerrado acuerdos con otros siete gobiernos.
Los tres jueces liberales del tribunal rechazaron el pedido del gobierno.