La expulsión de nueve funcionarios de la embajada cubana en República Dominicana, anunciada el pasado jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores sin precisar los motivos, volvió a poner bajo la lupa la política internacional del gobierno de Luis Abinader. La medida se justificó con el argumento de “mantener las relaciones diplomáticas”, pero acabó abriendo un nuevo foco de tensión y dejando interrogantes sin respuesta sobre los criterios y las consecuencias de una decisión de alto impacto institucional.
Pocas horas más tarde, el gobierno cubano acusó a República Dominicana de haber actuado a pedido de las autoridades norteamericanas, aunque no anunció represalias. El episodio se agrega a otros roces diplomáticos acumulados por la actual gestión desde agosto de 2020, en una secuencia que alimenta el contraste entre el discurso oficial y los resultados visibles en el vínculo con varios países de la región.
Antes del caso cubano, a finales de julio, las cancillerías de República Dominicana y Nicaragua cruzaron posiciones luego de que Daniel Ortega asegurara que en ese país no volverán a celebrarse elecciones para que la oposición intente “atrapar el gobierno, atrapar el poder”. En respuesta, las autoridades dominicanas calificaron esa declaración como un “abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense” a elegir libremente a sus gobernantes. La reacción nicaragüense, al igual que el nuevo conflicto con Cuba, intensifica la presión sobre el Gobierno dominicano para explicar el balance real de una política exterior marcada por choques sucesivos.