Internacional

De la Espriella ordena indagar denuncias de narcotráfico que salpican a Verónica Alcocer

octubre 11, 2026 · Redactor
De la Espriella ordena indagar denuncias de narcotráfico que salpican a Verónica Alcocer
Foto: elnuevodiario.com.do

La decisión aumenta la presión para aclarar un presunto uso indebido de recursos estatales y vuelve a colocar en primer plano los controles sobre el poder público.

Abelardo de la Espriella dispuso una investigación por los señalamientos de presunto narcotráfico que involucran a Verónica Alcocer, ex primera dama y hoy exesposa de Gustavo Petro, luego de que la revista Semana difundiera el testimonio de una antigua asesora que la relaciona con el traslado de drogas a Venezuela en un avión oficial.

La acusación fue hecha por Eva Ferrer, exasesora de Alcocer y antigua consejera del Gobierno de Petro (2022-2026), en una entrevista publicada por Semana. Según Ferrer, Alcocer habría viajado a Venezuela en enero de 2023 en una aeronave oficial y regresado con 2,5 millones de dólares. Añadió que el empresario catalán Manel Grau le habría confirmado que en esos desplazamientos también se transportaban drogas, además de referirse a presuntos vínculos de personas del entorno de la ex primera dama con el tráfico de armas. La revista publicó, además, registros de 149 vuelos atribuidos a Alcocer durante el mandato de Petro, en su mayoría en aeronaves estatales.

“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, expresó el mandatario. De la Espriella indicó que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea revisarán al personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, y pidió además a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y a autoridades de Estados Unidos que tomen en cuenta la información periodística dentro de sus competencias.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre el discurso de poder y la exigencia de controles efectivos sobre el uso de medios estatales, un debate que también mantiene la vigilancia regional sobre la transparencia pública, incluida la del gobierno dominicano, cuando surgen denuncias que comprometen recursos oficiales y exigen rendición de cuentas sin excepciones.