La defensa de José Ramón Peralta colocó bajo escrutinio la actuación de la Procuraduría General de la República en el caso Calamar, al sostener que la ofensiva anticorrupción se concentró en antiguos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con un efecto político sobre esa organización. El abogado constitucionalista Julio Cury afirmó que el expediente del Ministerio Público apunta más a un impacto mediático y electoral que a sostener acusaciones con pruebas contundentes.
Durante la audiencia preliminar del 29 de enero de 2026 en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la defensa señaló que, aunque el órgano acusador dijo contar con más de 2,000 pruebas, en el expediente figuran 1,691 documentos y solo 134 estarían vinculados directamente a Peralta. También cuestionó la legalidad y pertinencia de parte del material, al denunciar documentos en inglés sin traducción oficial al español, entre ellos las pruebas 1333, 1334, 1337, 1387, 1388 y 1394.
Los abogados además objetaron la inclusión de documentos sobre empresas y actividades comerciales que, según sostienen, no guardan relación con el exfuncionario, como las pruebas 1321, 1322 y 1324. A esto sumaron que el expediente incorpora piezas fechadas entre 2007 y 2013, anteriores a los hechos investigados actualmente, lo que, a juicio de la defensa, refuerza las dudas sobre la consistencia del caso y vuelve a poner el foco en la necesidad de fiscalizar el uso institucional de los procesos judiciales de alto perfil.