SANTO DOMINGO. – El simposio “Adicción y Estado: salud mental, comunidad y respuesta pública en la República Dominicana”, encabezado este martes por el Defensor del Pueblo, volvió a poner sobre la mesa las fallas de la respuesta institucional frente a las adicciones y la salud mental en el país. La actividad reunió a representantes de instituciones públicas, especialistas, académicos y organizaciones comunitarias para debatir sobre prevención, tratamiento y reinserción social, en un escenario en el que el propio organismo ha señalado carencias en los servicios.
Pablo Ulloa, defensor del pueblo, recordó durante el encuentro que el estudio “Mentes sanas y políticas enfermas” detectó deficiencias en la cobertura de salud mental y subrayó la necesidad de reforzar la atención en todos los niveles. En ese marco, propuso la creación de una mesa nacional de seguimiento sobre salud mental, adicciones y derechos fundamentales, así como el establecimiento de mecanismos de supervisión para centros y programas de rehabilitación.
Ulloa también planteó protocolos con enfoque de derechos humanos y la remisión a las autoridades competentes de informaciones sobre posibles casos de privación ilegal de libertad, maltrato o prestación irregular de servicios de salud. En el simposio participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Nacional de Drogas (CND), en medio de un debate que coloca sobre la mesa la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas sobre la capacidad real del Estado para responder a estas problemáticas.