La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, aunque mantuvo intacta la cesantía laboral, justamente el aspecto que más enfrenta a empresarios y centrales sindicales. El resultado no cierra el debate, sino que deja en marcha una reforma que avanza sin resolver el punto más delicado de la discusión.
El texto fija en su artículo 86 que las indemnizaciones deberán ser pagadas al trabajador dentro de un plazo de diez días contados a partir de la terminación del contrato. En caso de incumplimiento, el empleador tendrá que pagar una suma adicional equivalente a un día del salario devengado por cada día de retraso. Asimismo, dispone que las indemnizaciones por omisión del preaviso y por auxilio de cesantía no estarán sujetas al impuesto sobre la renta ni podrán ser objeto de gravamen, embargo, compensación, traspaso o venta, salvo en los casos de créditos otorgados o de obligaciones surgidas por leyes especiales.
Además, la propuesta establece en el artículo 91 un plazo de cinco días francos para que el empleador comunique el despido al Ministerio de Trabajo o a la autoridad local correspondiente. A la vez, el artículo 100 dispone que el trabajador deberá informar su dimisión dentro de las 48 horas siguientes, con indicación de causa, tanto al empleador como a la autoridad laboral. Si esa dimisión no se notifica en el plazo establecido, se considera carente de justa causa. Con la cesantía fuera de cambios y nuevas obligaciones formales sobre la mesa, la reforma entra en una fase en la que sigue abierto el escrutinio sobre su alcance real y su aplicación.