Un acta del Ministerio Público, levantada el 13 de mayo de 2026 por la procuradora fiscal Mariana Álvarez, del Departamento de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, dejó constancia de que Esmeralda Moronta de los Santos optó por no ser trasladada a una casa de acogida horas antes de ser asesinada por su expareja. En el documento, titulado «Acta de Constancia de Declaración», también se señala que se le explicó que, si no acudía a ese recurso, el Ministerio Público no se responsabilizaba de lo que pudiera ocurrirle. Tras eso, la joven regresó a su vivienda. Horas después ya estaba muerta.
El caso, que sigue estremeciendo al país, vuelve a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional ante una denuncia de alto riesgo. Esmeralda, de 33 años y madre de dos niños, de 10 y 3 años, acudió ese miércoles junto a una amiga a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la calle Puerto Rico, en Alma Rosa, Santo Domingo Este, donde denunció a Omar Tejada Guzmán por acoso, amenazas y rastreo mediante GPS. Según las informaciones preliminares, expresó temor por su vida y pidió una orden de alejamiento. El informe policial indica que la querella fue presentada a las 2:52 de la tarde.
Poco después, la tragedia comenzó a desarrollarse en plena vía pública. Cámaras de seguridad captaron a Esmeralda corriendo por la calle Puerto Rico luego de advertir que Omar Tejada Guzmán la perseguía. Esa secuencia, unida al contenido del acta oficial, refuerza la dimensión institucional de un crimen que ahora no solo conmueve por su desenlace, sino también por las explicaciones pendientes sobre la protección efectiva que recibió la víctima tras ir a denunciar.