La proclamación del Estado Independiente de Haití Español, bajo las directrices de José Núñez de Cáceres el 1.º de diciembre de 1821, vino acompañada de un Acta Constitutiva del Gobierno Provisional que reunió en una Junta todos los poderes del Estado, encabezada por un presidente, Wenceslao Vega. Sin embargo, el documento no se quedó en la formalización del nuevo mando: con 39 artículos, definió un gobierno republicano basado en la representación y estableció atribuciones legislativas, de ejecución de las leyes y de administración de justicia.
Según el propio autor citado, el alcance del texto llegó a ser el de una verdadera Constitución de un nuevo Estado. En ese marco, incorporó normas sobre ciudadanía y naturalización, organización territorial en los ayuntamientos, administración de justicia, finanzas públicas e impuestos, régimen militar y juramento de militares y empleados públicos para defender la independencia y la libertad del Estado. Además, fijó la responsabilidad de los empleados públicos y tipificó como traición cualquier acción orientada a transformar el sistema republicano o a destruir la libertad e independencia de la patria.
La relevancia institucional del Acta reside, de acuerdo con el contenido reseñado, en que desde ese momento fundacional quedaron establecidos por escrito mecanismos de organización, deberes públicos y resguardos del nuevo orden político. Ese diseño, centrado en la representación, la justicia, las finanzas y la responsabilidad de los funcionarios, subraya el peso de la vigilancia institucional cada vez que el poder pretende presentarse sin controles ni obligaciones frente a la sociedad.