Antes de empezar a aplicarse, el nuevo Código Penal dominicano ya necesita correcciones, una señal de alerta sobre la manera en que se manejó una de las reformas más sensibles del sistema de justicia. La Ley Orgánica 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025 para sustituir el Código Penal de 1884 y entrar en vigor el próximo 3 de agosto de 2026, llegó a esta etapa final bajo la presión de protestas, acciones de inconstitucionalidad y objeciones de organizaciones jurídicas, gremios profesionales, medios de comunicación y movimientos sociales.
Ese escenario empujó al Congreso a una revisión acelerada. El sábado 18 de julio, la Cámara de Diputados aprobó en primera discusión un paquete de 32 modificaciones y convocó una segunda discusión para este lunes 20 de julio, a las 2:00 de la tarde. Al cierre de la nota, el texto todavía podía recibir nuevos cambios, una distancia evidente frente al discurso de reforma y modernización que acompañó el proceso y que ahora deja abiertas dudas sobre la calidad de la conducción política de la mayoría oficialista y del Poder Ejecutivo.
La reforma mezcla avances y vacíos que mantienen en vigilancia a la sociedad civil. Aunque actualiza un sistema penal construido sobre categorías del siglo XIX e incorpora delitos inexistentes en la legislación anterior, conserva disposiciones cuestionadas por su posible impacto en la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, el ejercicio médico, la persecución de la corrupción y la protección contra la discriminación. Incluso la cifra de “32 cambios” no significa 32 artículos sustituidos, sino modificaciones acumuladas en distintas etapas: el proyecto del Poder Ejecutivo arrancó con cambios en 18 artículos, la comisión bicameral lo amplió a 24 intervenciones y luego el pleno de la Cámara siguió añadiendo ajustes. Más que un cierre legislativo, el proceso deja una advertencia institucional sobre una reforma que llega a su entrada en vigor todavía bajo corrección.