En la República Dominicana, el mayor uso de las tarjetas de crédito no solo muestra una expansión del acceso al sistema financiero, sino también una dependencia creciente de los hogares del endeudamiento para sostener su consumo. A junio de 2025 había alrededor de 2.04 millones de tarjetahabientes, un aumento interanual de 7.5%, mientras la cartera alcanzó RD$122,142 millones, equivalente al 5.4% del crédito total y con un crecimiento real de 16.2%, por encima del resto de las carteras. Para junio de 2026, la estimación apunta a 2.18 millones de usuarios.
Ese avance, sin embargo, deja ver una señal de desgaste social que exige fiscalización. Los datos de la Superintendencia de Bancos indican que los usuarios de menores ingresos reciben límites de crédito muy altos en relación con sus ingresos formales: quienes declaraban menos de RD$12,500 tenían a junio de 2025 un límite promedio equivalente a 17.5 veces su ingreso mensual formal. El contraste entre el discurso de inclusión y la realidad del sobreapalancamiento abre una alerta institucional sobre la calidad de esa expansión del crédito.
La tarjeta se utiliza para consumo de bienes y servicios, pagos electrónicos, compras por internet y emergencias, pero cada vez más también para financiar gastos que el ingreso corriente no alcanza a cubrir. Ahí es donde la bancarización deja de ser solo un indicador positivo y pasa a exigir rendición de cuentas sobre sus resultados reales: cuando el crédito sustituye ingresos insuficientes y además opera con tasas superiores, el costo termina trasladándose a los hogares más vulnerables.