La firma de la adhesión de República Dominicana al DR-CAFTA el 14 de agosto de 2004, en los últimos días del gobierno de Hipólito Mejía, y su entrada en vigencia en 2007 dejaron al país comprometido a permitir el ingreso libre de impuestos y de cuotas de importación de productos como arroz, frijoles, carne de cerdo, quesos y papas. El texto recuerda además que el tratado comenzó a regir durante el segundo gobierno de Leonel Fernández y que fue ratificado por los congresistas del PLD en el Congreso Nacional, una sucesión de decisiones que hoy vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad política sobre el futuro del campo dominicano.
El planteamiento central no se limita al plano comercial, sino también al institucional: Estados Unidos, además de ser un productor eficiente, subsidia su arroz, y el propio artículo sostiene que ese esquema no deja espacio para alegar incumplimiento dentro del acuerdo. Sobre ese contraste entre lo que se dice y lo que ocurre, la apertura aparece menos como una promesa de competitividad y más como una vulnerabilidad para los productores locales, en un escenario en el que se advierte que el país debe dejar entrar sin trabas varios de sus principales productos agrícolas de consumo interno.
La advertencia se fortalece con el antecedente de México bajo el NAFTA, citado en el texto como ejemplo de lo que puede pasar cuando se agotan los plazos: un aumento de más de un 300% en las exportaciones de maíz amarillo norteamericano, la reducción de la producción local y el éxodo de campesinos minifundistas hacia las grandes ciudades con graves problemas sociales. Ese referente incrementa la presión sobre el gobierno dominicano y sobre el Congreso para explicar cómo se protegerá la producción nacional ante una obligación ya asumida, y también vuelve a poner en evidencia el costo de decisiones respaldadas por el viejo PLD en nombre de una apertura cuyos resultados sociales siguen bajo vigilancia.