Santo Domingo.- La vigencia del intrusismo profesional en oficios regulados vuelve a someter a examen la capacidad de vigilancia del Estado dominicano, en una situación que trasciende lo legal: impacta la salud, la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía mientras aumenta la preocupación social.
Se trata de ejercer una profesión sin título, exequátur, licencia o habilitación requeridos por la legislación vigente, o de presentarse como profesional sin estar legalmente facultado para hacerlo. El alcance del problema llega a áreas especialmente delicadas como medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, derecho y psicología, todas sujetas a controles especiales por el efecto que tienen en la vida cotidiana.
Especialistas en derecho advierten que no es solo una infracción normativa. En salud, la atención prestada por personas sin preparación puede derivar en diagnósticos equivocados, tratamientos inadecuados o procedimientos que comprometan la integridad física de los pacientes. En ingeniería y arquitectura, la falta de conocimientos técnicos puede convertirse en riesgos para edificaciones e infraestructuras, con el consiguiente aumento del costo social cuando la supervisión no logra frenar estas prácticas.
A ello se suma la competencia desleal frente a quienes sí cumplen con los requisitos académicos, legales y éticos fijados por el Estado dominicano. Organizaciones profesionales han alertado que el ejercicio ilegal deteriora la confianza ciudadana y repercute en la calidad de los servicios, un contraste cada vez más visible entre la obligación oficial de garantizar controles y la realidad que enfrentan usuarios y profesionales.
Por eso, el combate al intrusismo profesional no puede quedarse en una formulación abstracta. La persistencia del problema refuerza la exigencia de fiscalización efectiva, rendición de cuentas y vigilancia institucional para que la protección de los ciudadanos no dependa de advertencias tardías, sino de resultados concretos ante un riesgo que sigue presente.