A veinte años de la Ley 87-01, el sistema dominicano de pensiones muestra mayor cobertura, un fondo acumulado de 1.3 millones de millones de pesos y financiamiento para 189 proyectos por 55,207 millones. Pese a ello, esos avances no se reflejan en una pensión suficiente para los cotizantes regulares ni para los trabajadores con aportaciones insuficientes, lo que vuelve a poner en duda la capacidad real del modelo para responder a la expectativa de los afiliados.
El balance presentado admite que, aunque el nuevo esquema llevó la cobertura de 9% a 95% de los trabajadores asalariados y para marzo de 2026 había otorgado 37,562 pensiones, los progresos “no garantizan una pensión suficiente”. Esa distancia entre la solidez financiera del fondo y el ingreso que finalmente recibirían los trabajadores intensifica la presión por cambios urgentes, en un asunto de alto costo social para miles de afiliados.
A la vez, las Superintendencias de Pensiones y de Salud impulsan un anteproyecto de Reforma Integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La propuesta busca elevar la protección y satisfacción de los afiliados, pero el propio texto señala que omite o soslaya aspectos clave, lo que mantiene abierta una discusión que demanda mayor fiscalización y rendición de cuentas sobre por qué, después de los recursos acumulados y los años transcurridos, todavía sigue pendiente duplicar las pensiones generales.