La semana recogida por el Periódico Hoy dejó al descubierto un patrón que va más allá de la agenda inmediata: fallas de gestión y de control que vuelven a situar bajo examen al Gobierno dominicano. El lunes 24 de agosto, el año escolar 2026-2027 comenzó con más de dos millones de estudiantes convocados a las aulas, aunque numerosos centros presentaban problemas de infraestructura y déficit de cupos, docentes y personal administrativo, como ya había señalado la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Al día siguiente, luego de una evaluación sísmica, el Gobierno vetó el uso de 57 planteles en demarcaciones de la cordillera Septentrional y dispuso demoler 34 por anomalías estructurales.
Ese contraste entre la apertura oficial del calendario escolar y la situación real de muchos centros marcó con fuerza la primera parte del balance, con efectos directos sobre estudiantes y familias. El miércoles 26 se añadió la condena de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra el Banco Central, que ordenó el pago de US$5,000,000.00 o su equivalente en pesos dominicanos al Consorcio Méndes Junior-Méndez Cabral, en una demanda en recisión de contrato y reparación de daños y perjuicios.
El recuento incorporó además el jueves 27 el desastre en Nepal, con 289 fallecidos tras la riada masiva en Rasuwa, y el viernes 28 la demanda de una condena ejemplar en el juicio por el derrumbe del Jet Set, que dejó 236 muerto. En conjunto, la semana quedó atravesada por señales de alerta institucional y por reclamos de rendición de cuentas en asuntos donde la ciudadanía carga con las consecuencias mientras permanecen abiertas explicaciones sobre prevención, supervisión y responsabilidad pública.