La desarticulación en España de una organización criminal de origen mayoritariamente dominicano dedicada a la trata con fines de explotación sexual vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar un delito que se aprovecha precisamente de la vulnerabilidad extrema. La Policía Nacional de España informó de la detención de once integrantes de la red y de la liberación de dos mujeres que seguían retenidas en condiciones infrahumanas.
Según el informe oficial, la estructura actuaba en prostíbulos de Valladolid, Salamanca y Palencia, donde captaba a mujeres latinoamericanas con dificultades económicas o administrativas para someterlas a un control absoluto y privarlas de derechos fundamentales. La investigación concluyó que las víctimas eran obligadas a jornadas de hasta trece horas diarias sin descanso y que, en algunos casos, se les negaba comida si mostraban desgana o se resistían a prostituirse.
La Jefatura Superior de Policía precisó que la red recurría a falsas promesas de empleo para captar a las mujeres y después introducirlas por la fuerza en la prostitución clandestina. Además, aplicaba un sistema de rotación constante entre clubes de alterne de las provincias afectadas, una práctica destinada a impedir que pidieran ayuda, establecieran vínculos o fueran localizadas por las autoridades, en un caso que vuelve a situar el foco sobre la necesidad de control y de una respuesta eficaz frente a redes que explotan a personas en situación límite.