La muerte de una adolescente bajo la protección del Estado, registrada la madrugada del domingo 24 de mayo en un centro residencial, ha sometido a CONANI a una fuerte presión por su capacidad de vigilancia y respuesta. El caso, que también involucra a otras tres menores, está siendo investigado por el Ministerio Público tras la confirmación de la institución sobre el fallecimiento de la joven, identificada con las iniciales N. P. P., quien había sido ingresada al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo de 2026.
De acuerdo con lo informado por CONANI, la adolescente recibía atención especializada por condiciones de salud y por situaciones de alta vulnerabilidad. No obstante, el desenlace dentro de un espacio bajo custodia estatal abre interrogantes sobre la efectividad de los controles y del cuidado brindado en instalaciones que albergan a víctimas de abandono, abuso, explotación y situaciones de calle, en un entorno que la propia entidad describe como complejo por los trastornos de comportamiento que afectan la convivencia.
Mientras el Ministerio Público determina las causas y circunstancias de la muerte, CONANI dispuso la suspensión preventiva del personal encargado de la seguridad y la atención en el centro, además de la intervención directa de la residencia para reforzar los protocolos de supervisión y cuidado. Las medidas, adoptadas después del hecho, colocan el foco en las explicaciones pendientes sobre lo ocurrido y en la necesidad de una fiscalización más estricta del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.