Las familias desalojadas de terrenos en la comunidad de Llanos de Pérez, en el municipio de Imbert, llegaron al Palacio de Justicia de Puerto Plata para denunciar actuaciones arbitrarias de un coronel del Ejército Dominicano y exigir que se respeten decisiones judiciales que, según afirman, respaldan sus derechos. El conflicto vuelve a poner bajo la lupa la respuesta institucional ante un caso en el que los afectados aseguran tener títulos de propiedad, mientras el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) mantiene que los terrenos pertenecen al patrimonio del Estado dominicano.
José Martínez Cruz, vocero de los afectados, sostuvo que las tierras no son del CEA y criticó la intervención militar pese a la existencia, según dijo, de una decisión del Tribunal Constitucional y otra de la Cámara Civil de Puerto Plata. Durante la vigilia, los manifestantes advirtieron: “No permitiremos más atropellos. Si no somos escuchados, vamos para la calle”, al tiempo que reclamaron la intervención de las autoridades competentes. En total, son 50 las familias afectadas.
Los denunciantes pidieron al presidente Luis Abinader ordenar una investigación y determinar responsabilidades, en medio de señalamientos sobre un trato desigual frente a otros terrenos que, de acuerdo con sus denuncias, permanecen cerrados por funcionarios y particulares sin una actuación similar del CEA. Para los afectados, el caso refleja el contraste entre el deber de las instituciones de acatar decisiones judiciales y el desenlace que dicen enfrentar sobre el terreno. A principios de agosto, autoridades del CEA derribaron varias viviendas en esos terrenos de Llanos de Pérez.