La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) rechazó la acusación de que los cabildos adeudan 300 millones de dólares a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y movió la discusión hacia otro eje: el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional y del artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01. Su presidente, Nelson Núñez, afirmó que, si hay una deuda municipal, también debe revisarse la obligación de las distribuidoras de entregar a los ayuntamientos el 3% de la facturación corriente recaudada dentro de cada jurisdicción.
De acuerdo con la sentencia 0100/13 del Tribunal Constitucional, las EDES “deben pagar mensualmente el 3% de la facturación corriente recaudada dentro de la jurisdicción de cada municipio y sus distritos municipales”, mientras que los municipios y distritos municipales asumen el consumo eléctrico del alumbrado público y otras instalaciones. Núñez sostuvo que desde 2013 las EDES no han cumplido con ese mandato, lo que, a su juicio, ha generado una deuda “incalculable” con los ayuntamientos del país.
Fedomu advirtió que esa morosidad ligada al servicio de alumbrado público es uno de los factores del déficit presupuestario que enfrentan los cabildos para desempeñar sus funciones. La respuesta se produce luego de que Celso Marranzini alegara que la falta de pago de las alcaldías representa una carga para el Estado de 300 millones de dólares durante 2025, en una controversia que ahora desplaza la atención hacia las cuentas pendientes y la rendición de cuentas de las distribuidoras.