Los asesinatos de Esmeralda Moronta de los Santos y Nancy Sánchez Gálvez volvieron a colocar bajo presión al Estado dominicano por la vulnerabilidad en espacios que, en teoría, deben ofrecer resguardo y respuesta: las fiscalías y los hospitales.
La coincidencia de estos casos en entornos vinculados a la atención institucional intensificó las dudas sobre la capacidad real de protección, así como sobre la eficacia de los protocolos vigentes para prevenir que la violencia feminicida se manifieste incluso en lugares asociados a la denuncia, la atención médica y la intervención pública.
Más allá del impacto emocional que generan estos hechos, el punto de fondo es institucional: si los espacios llamados a asistir a las víctimas no logran garantizar seguridad mínima, el Estado queda obligado a revisar con urgencia sus mecanismos de prevención, coordinación y respuesta.
El debate no se limita a la reacción inmediata ante cada crimen. También involucra la transparencia sobre qué medidas existen, cómo se aplican, qué seguimiento reciben y cuáles resultados han tenido hasta ahora en la protección efectiva de las mujeres en riesgo.
La repetición de tragedias en escenarios donde debería activarse una protección reforzada exige respuestas verificables, no solo discursos. En ese contexto, la fiscalización pública sobre los protocolos, la capacitación del personal y la capacidad operativa de las instituciones vuelve a ser una demanda central.