La decisión de reforzar los controles sobre motoristas y paradas de motoconchos llegó después de que se hiciera visible una secuencia de agresiones y desorden vial en el Gran Santo Domingo. En ese contexto, las autoridades fiscalizaron 19,000 motocicletas durante el fin de semana y retuvieron más de 6,000 por violaciones a las normas de tránsito, una proporción que la propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó como alarmante para la seguridad ciudadana.
Tras el reciente ataque a un chofer del transporte escolar (TRAE), Raful sostuvo que la ofensiva responde a esos hechos y advirtió que la fiscalización continuará “con instrumentos legales” y conforme a la norma, los decretos presidenciales y la ley de tránsito y movilidad. El anuncio se produjo luego de la reunión de Fuerza de Tarea encabezada por la vicepresidenta, Raquel Peña.
Ahora el plan oficial se extiende a la estructura del motoconchismo. Para este martes, el Ministerio de Interior y Policía, el Intrant y el Ministerio de Obras Públicas tienen prevista una reunión con directivos de asociaciones de motoconchistas para coordinar la fiscalización y depuración de las paradas reguladas en el Gran Santo Domingo, con el fin de identificar conductores y verificar si tienen órdenes judiciales, antecedentes o procesos pendientes. El giro hacia una revisión más profunda del sector deja en evidencia la magnitud del problema que las autoridades dicen buscar controlar.