La expansión de la inteligencia artificial dejó de ser una discusión teórica y hoy obliga a atender una realidad concreta: detrás de cada servicio digital existe demanda de electricidad, agua, suelo, conectividad, centros de datos, talento técnico y marcos regulatorios. A escala global, la presión sobre la infraestructura ya es evidente. La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030, rondar el 3% de la demanda mundial y avanzar cerca de 15% anual entre 2024 y 2030, empujado por la IA, la nube y los servicios digitales.
El debate internacional también ha girado. Ya no basta con atraer centros de datos; ahora importa fiscalizar cómo operan, cuánta energía usan, qué agua demandan, dónde se instalan y bajo qué estándares trabajan. América Latina entra en esa competencia con fuertes desigualdades: el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 señala que Brasil concentra más del 90% de la capacidad de cómputo regional, una muestra de que la brecha no comienza en los algoritmos, sino en infraestructura, datos, talento y capacidad de adopción. En el mercado laboral, el estudio del Banco Mundial y la OIT suma otra advertencia: entre 26% y 38% de los empleos de América Latina y el Caribe están expuestos a la IA generativa, pero solo entre 8% y 14% podrían ganar productividad, mientras hasta 17 millones enfrentan límites por brechas digitales e infraestructura insuficiente.
En República Dominicana, el punto de partida sigue siendo bajo. Data Center Map registra tres centros de datos en Santo Domingo, una escala reducida frente a Brasil, México o Chile. Esa fase inicial puede representar una oportunidad, pero también deja en evidencia la necesidad de fijar condiciones antes de crecer, para evitar que el impulso digital se quede en discurso mientras persisten rezagos en infraestructura y preparación. El propio diagnóstico indica que el desafío no es solo tecnológico, sino también económico, ambiental y territorial, lo que hace indispensable una vigilancia más estricta sobre prioridades, capacidad real y reglas de desarrollo.