La discusión sobre inteligencia artificial en la República Dominicana va más allá del avance tecnológico y apunta a un problema de poder, supervisión y capacidad institucional. El artículo plantea que la integración de la IA avanza bajo el dominio de grandes empresas privadas y con una supervisión democrática mínima, en un escenario en el que estas plataformas administran atención, afectos y marcos de interpretación a gran escala.
Desde ese punto de partida, el texto admite las limitaciones del país: una presión tributaria cercana al 14 % del PIB, una burocracia todavía en proceso de profesionalización, una capacidad regulatoria limitada y una dependencia crítica del mercado norteamericano. Ese panorama impide a la República Dominicana regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, crear sus propias redes sociales o imponer condiciones a las plataformas que dominan la comunicación global.
Sin embargo, la advertencia principal no es la impotencia, sino la omisión. El artículo sostiene que, incluso dentro de esa asimetría, el Estado dominicano dispone de márgenes que no ha ejercido con intencionalidad, mientras la sociedad civil cuenta con herramientas que puede activar sin esperar al Estado y existen palancas multilaterales que tampoco se han usado. Entre esas áreas menciona decisiones cotidianas del propio Estado sobre qué sistemas de IA adopta en sus instituciones, bajo qué condiciones contrata con proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados, un terreno que abre exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se está gestionando un tema con impacto directo en la democracia.