La expansión de la extorsión, el chantaje y las estafas quedó descrita por las propias autoridades como una industria que mueve mucho dinero en el país, en un escenario marcado por el auge de la tecnología, los robos de celulares y la compra sin control de chips o tarjetas SIM. Durante un almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, representantes de Indotel y del DICAT reconocieron que solo en lo que va de año se han presentado 260 casos, mientras el 85% de los afectados no denuncia.
El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, atribuyó parte del problema al retraso en la legislación y al peso de los teléfonos robados, que representan el 36% de los robos registrados. La advertencia refuerza el contraste entre el avance del ciberdelito y la capacidad de respuesta del sistema, en momentos en que las extorsiones sexuales, según las autoridades, han pasado de ser cometidas por reclusos a redes de crimen organizado.
La dimensión del fenómeno quedó expuesta con un caso que se ventila en la justicia por una extorsión sexual de cerca de 25 millones de pesos, con más de una veintena de personas involucradas, muchos ya apresados. De acuerdo con lo explicado por el general Edgar Arnaud, la mayoría del grupo son jóvenes, casi la mitad mujeres y algunas extranjeras, un cuadro que vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de mayor fiscalización, control y respuestas institucionales frente a un delito de alto impacto social.