El presidente Luis Abinader volvió a la ONU a reclamar un fortalecimiento de la respuesta internacional ante la crisis haitiana y el avance de las bandas criminales, pero un informe de las propias Naciones Unidas colocó bajo presión al Gobierno dominicano al señalar que parte de las municiones incautadas a la banda 400 Mawozo presentaban marcas o características vinculadas a instituciones armadas del país. El contraste golpea el discurso oficial: mientras se pide más apoyo para contener la amenaza, persisten señales de debilidad en los controles internos del Estado.
El informe provisional S/2026/241, presentado al Consejo de Seguridad el 27 de marzo, examinó 89 cartuchos calibre 5.56 milímetros vinculados a esa organización criminal. De ese total, 25 llevaban marcas asociadas al Ejército dominicano y otros 16 presentaban características compatibles con municiones que podrían haber sido desviadas de la Policía Nacional. En conjunto, 41 cartuchos mostraban marcas o características relacionadas con esas instituciones, aunque el documento aclara que eso no determina por sí solo quién los desvió ni cómo llegaron a manos criminales. Lejos de cerrar el caso, los hallazgos refuerzan una alerta institucional sobre la capacidad del Gobierno para vigilar sus propios circuitos de seguridad y ofrecer explicaciones verificables.
Para la gestión de Abinader, el episodio reabre el desgaste entre promesa de transformación y resultados bajo escrutinio, en un tema donde la prioridad ciudadana no es el relato, sino el control efectivo del Estado y la rendición de cuentas.