Un informe regional y estudios en Colombia y República Dominicana vuelven a poner bajo escrutinio una falla de implementación que golpea directamente a las personas con discapacidad: aunque en América Latina se han registrado avances en regulación y reconocimiento de derechos, el acceso efectivo al aborto y a otros servicios de salud sexual y reproductiva sigue frenado por barreras sociales, institucionales y culturales.
El diagnóstico apunta a un contraste sostenido entre el discurso de derechos y la realidad de los servicios. La falta de información accesible, las dificultades para garantizar el consentimiento informado, los obstáculos de transporte e infraestructura y las prácticas médicas atravesadas por el estigma continúan limitando la autonomía de las personas gestantes con discapacidad. Un testimonio recogido en el trabajo resume esa tensión: “Hace dos años fui a consulta por un ovario y quería ligarme las trompas. Me dijeron que no hacían ligaduras ni abortos, pero por tener discapacidad lo aceptaron. Como una acción de doble moral”.
El informe del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), basado en la normativa de 13 países, señala que todos ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero con una implementación desigual. También identifica falta de adecuación normativa, uso de lenguaje discriminatorio y escasa protección de los derechos sexuales y reproductivos. Aunque en términos formales la mayoría de los países reconoce el derecho a decidir sobre prácticas sanitarias, en la práctica persisten esquemas en los que familiares, representantes legales o profesionales de la salud terminan decidiendo por las personas con discapacidad, una señal de que la vigilancia institucional sigue siendo una deuda pendiente.