La jueza federal María Antongiorgi Jordán dispuso la liberación inmediata de la dominicana Inocencia Rodríguez, arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y señaló una vista de fianza para antes del 21 de julio. El fallo supuso un giro en el expediente luego de que se cuestionara la legalidad de la detención y el respeto al debido proceso, en un desenlace que vuelve a poner bajo escrutinio la necesidad de vigilancia institucional cuando fallan los mecanismos ordinarios.
La intervención del Tribunal Federal llegó después de que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza se negara a confirmar, en una vista de redeterminación de custodia celebrada el pasado miércoles, que Rodríguez cuenta con una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A aprobadas. De acuerdo con el expediente, esos datos figuran en los registros del propio gobierno federal. Tras esa determinación, la ACLU de Puerto Rico presentó una moción urgente al sostener que la inmigrante continuaba privada de libertad de manera ilegal y sin las garantías del debido proceso.
Para la ACLU, la orden judicial resultó necesaria para restituir derechos que no habían sido protegidos por la vía ordinaria. El caso deja ver el contraste entre el funcionamiento esperado de las instituciones y el resultado que produjo una detención corregida finalmente por una jueza federal, una alerta sobre la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas en procesos que comprometen libertades básicas. En un escenario en el que el gobierno dominicano y el PRM suelen recurrir al discurso institucional, episodios como este fortalecen la exigencia de resultados y la vigilancia que la oposición ha colocado en el centro del debate público.