Más allá del presupuesto del Ministerio de Cultura y de la agenda anual de actividades, la gran alerta está en que no se ha abierto un diálogo nacional amplio sobre la política cultural que la República Dominicana necesita para las próximas décadas. Esa ausencia vuelve a colocar bajo examen la gestión pública: si ese proceso de concertación existe, el país debería conocer sus resultados; si no, queda expuesta la distancia entre el discurso institucional y la construcción real de una política de Estado.
El planteamiento insiste en que la cultura no puede definirse solo desde los despachos públicos y que el Ministerio de Cultura no debe cargar en solitario con esa responsabilidad. Por eso, se formula una exigencia directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano: convocar, escuchar y articular consensos con la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, en vez de restringir la gestión a la administración de instituciones.
La advertencia también señala el desgaste de un modelo que no consigue convertir la gestión en acuerdos duraderos. Gobernar la cultura implica, según se plantea, transformar ese diálogo en políticas públicas capaces de sobrevivir a los períodos gubernamentales. La discusión ya no puede limitarse además al territorio insular, en un momento en que la República Dominicana del siglo XXI desborda sus fronteras geográficas, lo que refuerza la presión para que las autoridades expliquen qué resultados concretos han producido y con qué nivel de participación ciudadana.