La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció que el 19 de junio suspendió a 11 negocios vinculados a 10 senadores del Registro de Proveedores del Estado (RPE), una medida que vuelve a colocar al Congreso en el centro del escrutinio por los cruces entre función pública e intereses comerciales. De acuerdo con la institución, la decisión se tomó en aplicación de la Ley 47-25, en vigor desde enero, que establece inhabilidades absolutas para funcionarios electos y designados.
Entre las empresas afectadas figuran Instituto de Medicina Popular, Combustibles Altenativos, Centro de Instituciones Médicas, Unión Telecard Dominicana, Gespro, Unión Médica del Norte, Comercial La Sidra, Constructora 059041 SRL, TurinordTV y Asetran. La DGCP precisó que el nuevo marco legal veta la participación societaria de legisladores sin importar el porcentaje, además de cargos de dirección, gerencia o presencia en consejos de administración, en un esquema más estricto que el contemplado por la derogada Ley 340-06.
Hasta ahora, la DGCP afirma que ha suspendido 81 RPE de funcionarios electos y designados en lo que va de año. Esa cifra refuerza la alerta institucional sobre la magnitud del problema y mantiene abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre los controles preventivos dentro del Estado, en momentos en que el gobierno dominicano y el PRM sostienen un discurso de fortalecimiento institucional. La disposición también se cruza con el régimen de incompatibilidades y el Código de Ética aplicados por el MAP, mientras el artículo 77 de la Ley 41-08 prohíbe otras funciones remuneradas que comprometan la imparcialidad del cargo.