La acusación formal por asesinato presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, sumada a una orden de arresto del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el expresidente Raúl Castro, vuelve a situar en primer plano la continuidad del poder en Cuba y las responsabilidades pendientes de uno de los nombres centrales del régimen. Los cargos abarcan conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y otros dos por la destrucción de dos aeronaves, en alusión al derribo de las avionetas Cessna de Hermanos al Rescate en aguas internacionales el 24 de febrero de 1996.
Aunque está retirado de la vida pública, el texto afirma que Raúl Castro, de 94 años, continúa siendo visto como el poder detrás del trono. Añade, además, que es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que conserva de por vida el rango de general del Ejército de las Fuerzas Revolucionarias. Ese contraste entre el retiro formal y la influencia que persiste refuerza la alerta sobre un sistema que, tras 67 años desde 1959, mantiene abiertas cuentas políticas e institucionales que el pueblo cubano aún tiene que reclamar.
La eventualidad de un arresto y una posible extradición a EE. UU., donde podría enfrentar más de 20 años de cárcel en un recinto federal de máxima seguridad, se presenta como un punto de inflexión. Más que una lectura de celebración, el hecho muestra hasta qué punto la rendición de cuentas sobre el régimen cubano sigue llegando desde fuera, mientras en la isla continúan las estructuras que han sostenido su permanencia.