La Junta Central Electoral dejó en suspenso la aplicación del artículo 13 del reglamento sobre firmas encuestadoras y publicación de sondeos, una norma que prohibía difundir encuestas antes del domingo cuatro de julio de 2027, cuando comienza la precampaña electoral. Con ese giro, las encuestas podrán volver a publicarse mientras no exista una decisión del Tribunal Constitucional.
El movimiento estuvo acompañado de una contradicción institucional que exige mayor fiscalización: la suspensión seguirá vigente hasta que el Tribunal Constitucional emita sentencia, aunque, según la propia JCE, esa alta corte todavía no ha sido apoderada de ningún recurso sobre el asunto. El órgano justificó la decisión al sostener que no hay una resolución legal definitiva y afirmó que actúa en un “ejercicio prudencial de responsabilidad institucional, respeto al Estado de derecho y ponderación de los bienes jurídicos involucrados”, en alusión a los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.
La resolución, encabezada por el presidente del pleno, Román Jáquez Liranzo, tampoco fue aprobada por unanimidad. Los miembros Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises emitieron votos disidentes, en una señal de alerta sobre los límites de competencia dentro del propio organismo. El episodio reabre el contraste entre reglas anunciadas y su aplicación real, en un escenario donde la discusión electoral vuelve a moverse entre disposiciones cambiantes y vigilancia institucional pendiente.