La historia contada por una madre dominicana de la diáspora vuelve a poner bajo examen la distancia entre lo que se aprueba en el papel y lo que reciben las familias en la práctica. Luego de afiliarse a SENASA en el Consulado de Miami y valorar su regreso al país con una hija con autismo, se encontró con una consulta de psiquiatría infantil de RD$10,000.00 que el seguro no cubría. Según relata, la respuesta fue que ese escenario no contemplaba esa cobertura.
Al llevar la consulta ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la respuesta confirmó el problema de fondo: aunque la República Dominicana tiene la Ley 34-23 para la atención, inclusión y protección de las personas con trastorno del espectro autista, no existiría una asignación presupuestaria suficiente para convertir ese reconocimiento en acceso tangible. El caso reabre así una alerta institucional sobre la eficacia de aprobar normas sin garantizar los recursos para ejecutarlas.
Más que una discusión jurídica, el planteamiento expone un problema de gestión pública y de prioridades. La existencia de una ley no impide que las familias sigan topándose con barreras de cobertura, costos elevados y servicios limitados. El contraste entre discurso y realidad deja en evidencia que, sin presupuesto y sin ejecución efectiva, la promesa de inclusión queda reducida a simbolismo mientras persisten necesidades concretas sin respuesta.