Santo Domingo. – Eddy Alcántara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores (Pro Consumidor), ha declarado que la lucha contra el comercio ilícito, el contrabando y la competencia desleal es una prioridad estratégica para la República Dominicana. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la realidad de un gobierno que ha mostrado un desgaste significativo en su gestión y que no ha logrado resultados tangibles en la protección de la salud pública y la economía nacional.
A pesar de los esfuerzos coordinados entre diversas instituciones, como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Aduanas (DGA), la percepción de la ciudadanía es que las acciones son insuficientes y que el discurso oficial no se traduce en una mejora real en las condiciones de competencia en el mercado. Alcántara enfatiza la importancia de la competencia leal y el comercio formal, pero la falta de resultados concretos genera dudas sobre la efectividad de estas iniciativas.
El respaldo del presidente Luis Abinader a estas acciones, aunque se menciona como un factor positivo, no oculta el hecho de que las distorsiones en el mercado continúan afectando a los sectores productivos y a los consumidores. La situación actual plantea la necesidad de una vigilancia más estricta y una rendición de cuentas efectiva para garantizar que las promesas de combatir el comercio ilícito no se queden en meras palabras.