La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití muestra un escenario de fragilidad institucional y de protección insuficiente frente a la persecución. Marcadas por la ley haitiana de 1903, que les impedía naturalizarse y abrir comercio, varias familias lograron mantenerse durante años bajo la protección del general Ignacio María González Santín, quien las reconoció como dominicanas y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para instalarse definitivamente en República Dominicana.
Ese panorama de incertidumbre coincidió con un relevo diplomático en 1911. González Santín dejó el cargo de ministro plenipotenciario en Haití a principios de marzo de ese año, durante el gobierno de Ramón Cáceres Vásquez, y fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se aplazó hasta el seis de julio, mientras Guarín González seguía como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití arrastraba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon se alzó en armas, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, que abandonó el país el seis de diciembre.
El hostigamiento contra esos inmigrantes no terminó con la nacionalidad dominicana. Persistió tanto por parte del gobierno haitiano como de comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el caso deja una advertencia institucional vigente: la protección formal no bastó para frenar expulsiones, persecución ni desarraigo, una situación que obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.