La actuación de la Policía Nacional frente a una marcha pacífica en respaldo a una planta de residuos sólidos en El Aguacate, municipio Pedro Brand, puso bajo la lupa el proceder de las autoridades en La Cuaba. De acuerdo con la denuncia de los manifestantes, los agentes arrojaron bombas lacrimógenas y cerraron los accesos a la zona, aun cuando la movilización contaba con permisos emitidos por el Ministerio de Interior y Policía, el Intrant y la Alcaldía de Pedro Brand.
En la actividad participaban comunitarios de distintas localidades de Pedro Brand, que se desplazaban por la circunvalación de Santo Domingo con destino al área donde estaría ubicado el proyecto. Los asistentes sostenían que la marcha buscaba expresar respaldo a una iniciativa que consideran vinculada a desarrollo, empleos e inversión para el municipio, pero la respuesta policial generó tensión y reavivó reclamos de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza frente a ciudadanos que, según su versión, actuaban de manera ordenada.
La denuncia de que opositores al proyecto sí han podido marchar sin una respuesta similar añade un elemento de contraste sobre el manejo institucional del conflicto. El episodio deja abiertas preguntas sobre los criterios aplicados por las autoridades y sobre la capacidad del poder público para garantizar derechos en igualdad de condiciones, especialmente en un tema con impacto directo sobre comunidades de Pedro Brand.