El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras volvió al centro del debate público luego del motín registrado recientemente en sus instalaciones, apenas siete meses después de su puesta en funcionamiento. El episodio golpea la narrativa con la que fue presentada la obra, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) junto a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), como una respuesta estructural al hacinamiento y la precariedad de La Victoria.
En su inauguración, las autoridades promovieron el recinto como un modelo penitenciario sustentado en seguridad, rehabilitación y control institucional. También resaltaron su capacidad inicial para 2,400 internos en una primera etapa, con proyección de hasta 8,500 privados de libertad, además de un sistema progresivo apoyado en educación obligatoria, trabajo y disciplina bajo la premisa de “cero ocio”.
A esa promesa se añadió una fuerte apuesta en infraestructura y tecnología, con videovigilancia, controles de acceso automatizados, sensores, áreas para fuerzas especiales y un centro de monitoreo para responder a emergencias. Pero el motín vuelve a colocar bajo fiscalización si ese despliegue ha sido suficiente para garantizar el control y los resultados anunciados en un proyecto presentado como emblema de transformación del sistema penitenciario.