La Ley 16-26 volvió a poner sobre la mesa los controles al uso de fondos públicos, después de que se habilitara una vía para cubrir deudas por obras ejecutadas sin contrato y aún no se establezca cuánto tendrá que pagar el Poder Ejecutivo. Durante meses, el Congreso Nacional conoció dos propuestas distintas orientadas a autorizar esos desembolsos a empresarios y constructores.
La primera iniciativa, sometida por el senador Franklin Romero, fue observada por el presidente Luis Abinader tras detectarse varias inconstitucionalidades. Entre ellas se mencionaron la ausencia de un monto preciso a pagar, la falta de una fecha que delimitara los casos incluidos y la inexistencia de un mecanismo que asegurara la veracidad de lo adeudado. Luego de esas observaciones, la Cámara de Diputados la envió a comisión, aunque más adelante decidió impulsar otro proyecto.
Esa nueva versión terminó siendo acogida y promulgada por Abinader el pasado 1 de mayo. No obstante, según el propio texto de la iniciativa, la suma total por desembolsar sigue sin definirse y quedará en manos de una comisión encabezada por el Ministerio de Hacienda y Economía para validar las reclamaciones y su eventual reconocimiento. Con ello permanece abierto un frente de fiscalización sobre el alcance real de la deuda que asumirá el Estado y sobre los controles aplicados a pagos por obras realizadas sin contrato.