La situación de la profesora Milka Mercedes Ramírez, apartada de las aulas desde el 17 de enero luego de un procedimiento odontológico, vuelve a encender las alarmas sobre un problema que va mucho más allá de un consultorio: cuando los controles fallan, el costo social lo asumen por completo los ciudadanos. Más de seis meses después, su esposo Norberto Luna sostiene que las secuelas le impiden hablar con normalidad y la obligan a alimentarse sobre todo de líquidos y alimentos licuados.
El expediente se mueve entre dos preguntas de gran peso institucional: mala práctica o intrusismo. No es solo una diferencia técnica o judicial, sino una señal de alerta sobre la capacidad real de vigilancia en servicios que inciden de forma directa en la salud, el trabajo y la estabilidad familiar. En este caso, la afectada no solo enfrenta consecuencias físicas; también quedó fuera de su rutina profesional, mientras su esposo y sus dos hijos, de catorce y ocho años, cargan con el cambio abrupto en la dinámica del hogar.
Según narró Luna a Listín Diario, ambos llegaron confiados al consultorio del odontólogo William Almánzar por tratarse de un centro de renombre. Allí, afirmó, un hombre evaluó la panorámica, les aseguró que la extracción de las cuatro cordales podía hacerse y les dio la seguridad suficiente para fijar la cirugía tres días después. “Nosotros fuimos confiados a ese consultorio porque era un centro de renombre. Nunca imaginamos que terminaríamos viviendo una situación como esta”, expresó.
La intervención, pautada para el sábado 17 de enero, estuvo lejos de parecer un procedimiento rutinario. De acuerdo con el esposo, se extendió por cerca de cuatro horas; durante ese tiempo, el equipo de succión dejó de funcionar y quien hacía la extracción tuvo dificultades para retirar una de las piezas dentales. Ese relato, todavía bajo el peso de una investigación, refuerza el contraste entre la confianza ofrecida al paciente y el resultado que hoy mantiene a una docente fuera de las aulas.
Mientras la investigación judicial determina si hubo negligencia o ejercicio sin autorización legal o capacitación requerida, el dato más contundente ya está a la vista: una familia quedó marcada durante meses por un procedimiento que debía resolver un problema de salud y terminó abriendo otro. En un escenario donde la ciudadanía espera servicios seguros y supervisión efectiva, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización real y de responsabilidades claras, porque cuando el sistema falla, la factura la paga la gente.