América Latina y el Caribe atraviesan una transformación estructural que ha dejado en evidencia el desfase entre los sistemas tradicionales de seguridad social y la realidad del mercado laboral. Durante décadas, los esquemas previsionales, sanitarios y de protección laboral se apoyaron en una lógica de empleo asalariado, formal, continuo y registrable, pero ese modelo ya no corresponde a buena parte de la población trabajadora de la región.
La cobertura, en consecuencia, enfrenta una presión creciente por la informalidad, los ingresos variables, la baja productividad y las trayectorias laborales discontinuas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque la región supera los 300 millones de trabajadores, apenas alrededor del 45% cotiza efectivamente a algún sistema contributivo de seguridad social, lo que deja a más de la mitad de la fuerza laboral fuera de los mecanismos clásicos de financiamiento previsional y sanitario. A esto se suma que la Organización Internacional del Trabajo situó la informalidad regional en torno a 47.6% durante 2024 y el desempleo cerca de 6.1%, incluso después de la recuperación posterior a la pandemia.
El panorama descrito desplaza el foco del desempleo abierto hacia un problema más profundo: la expansión de formas de trabajo con limitada estabilidad y reducida densidad contributiva. En ese contexto, el debate sobre seguridad social deja de ser una discusión técnica y se convierte en una alerta institucional sobre cobertura, sostenibilidad y capacidad real de respuesta ante una estructura laboral que ya cambió, mientras los sistemas siguen atados a supuestos del pasado.