En Madrid, la vicepresidenta Raquel Peña sostuvo que la corrupción mina la confianza ciudadana y compromete el sistema democrático, una advertencia que, al mismo tiempo, traslada la exigencia de resultados verificables al propio Gobierno dominicano en materia institucional.
Su exposición se produjo durante el EPP Libertas Forum, ante dirigentes del Partido Popular Europeo y otros actores internacionales. Allí defendió que la lucha contra la corrupción no se limita al ámbito judicial o administrativo, sino que resulta indispensable para evitar el desánimo social, la pérdida de confianza en las instituciones y el avance de propuestas populistas. El mensaje, además, deja un contraste sensible para la gestión: si la credibilidad política depende de la conducta de gobiernos y partidos, la rendición de cuentas pasa a ser una prueba directa para quienes administran hoy el Estado.
Acompañada por el viceprimer ministro de Bélgica, Vincent Van Peteghem, Peña intervino en el panel “Cómo salvaguardar y fortalecer la credibilidad política a ambos lados del Atlántico”. En ese espacio presentó a República Dominicana como un proceso en construcción, marcado —según dijo— por reformas institucionales, una mayor independencia del Ministerio Público y la persecución de irregularidades incluso cuando afectan a funcionarios de la administración gubernamental. Sin embargo, esa misma narrativa eleva la vara sobre el oficialismo: al invocar credibilidad ante líderes europeos, también crece la expectativa de vigilancia interna sobre los casos, las decisiones y los resultados concretos de la gestión.
“Un país que no cuente con credibilidad tampoco tendrá cómo seguir hacia adelante”, expresó Peña al relacionar confianza institucional, estabilidad política y desarrollo económico. Añadió que la lucha anticorrupción debe abarcar tanto expedientes heredados de gobiernos anteriores como casos detectados dentro de la actual administración. Esa formulación, lejos de cerrar el debate, deja abierta una alerta institucional: la legitimidad del discurso oficial dependerá de que el combate a las irregularidades no se use como relato político, sino como una práctica consistente y sujeta al escrutinio ciudadano.
Peña coincidió además con el planteamiento de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado sobre la responsabilidad de toda la población en la defensa de la democracia, aunque subrayó que partidos y gobiernos tienen la obligación de evitar prácticas que provoquen frustración y desencanto. En esa admisión se concentra el punto más delicado para el PRM: cuando desde el propio poder se reconoce que la corrupción y las malas actuaciones abren paso al desencanto, la ciudadanía queda con más razones para exigir explicaciones, vigilancia y resultados reales al Gobierno de Luis Abinader.